Entrevista a José Ernesto Schulman: "Para vencer la impunidad en Argentina, no alcanza con gestos"

José Ernesto Schulman, uno de los sobrevivientes de la última dictadura y actual miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, expresó sus sensaciones a 33 años del gobierno de facto. El activista reconoció el interés del gobierno por avanzar sobre el terrorismo de Estado pero subrayó la carencia de una estrategia, y de voluntad política para enfrentar sectores “muy poderosos”.

Fue uno de los tantos argentinos secuestrados por miembros del gobierno de facto que estuvo al frente nuestro país. Sin embargo, su historia se alinea con la minoría que logró sobrevivir del genocidio que tuvo lugar en Argentina en la década del 70. Actualmente, se desempeña como secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, además de ser un destacado ensayista en torno a la problemática.

Consultado por Radio Panorama, al cumplirse 33 años de la dictadura –hecho que el país recordó con marchas y actos en todo el territorio nacional- Schulman manifestó que para quienes vivieron el terrorismo de Estado, en un día así “pasan cosas, racionales e inconcientes”.

“Yo fui secuestrado un 12 de octubre y sistemáticamente desde entonces en esa fecha me pasan cosas. El 24 de marzo es un día en el que se concentran muchos recuerdos, pero yo lo vivo como un día de victoria, nosotros nos sólo sobrevivimos físicamente sino como personas y seres humanos. Actualmente, el sector de la sociedad que sabe que hubo un genocidio y que nos acompaña en la lucha contra la impunidad es infinitamente mayor a la existente el 24 de marzo del 1976”, manifestó.

Schulman consideró que el recuerdo representa “un día interesante”, aunque consideró que el feriado “no ayuda al debate”.

“Al menos las personas se movilizan en actos, marchas y eventos, yo hubiese preferido que haya una sola, pero lamentablemente las diferencias secundarias se imponen sobre lo principal. Eso es un problema profundo y colectivo del movimiento popular argentino que nunca se dio maña para distinguir entre lo principal y lo secundario”, expresó.

La lucha contra la impunidad

En los ensayos que ha escrito sobre la problemática, (entre ellos “la banalización del ‘Nunca Más’ durante la democracia kirchnerista”) Schulman se encargó de expresar que considera a Jorge Julio López como el desaparecido 30.001. No obstante haber sido consultado sobre este hecho particular, el activista consideró indispensable pensar el “problema en su conjunto”.

“Hay que tratar de pensar el problema en su conjunto. Logramos derrotar las leyes de impunidad y los decretos de indulto, tuvimos fuerza como para reabrir las causas pero evidentemente ni el poder Ejecutivo, ni el Legislativo ni la Corte Suprema tenían la menor idea de lo que estaba pasando, ni mucha voluntad para avanzar. Las causas no están diseñadas ni planificadas, no hay una estrategia para avanzar y hay una falta de simetría entre el objeto a investigar -que es el genocidio- y el instrumento que se utiliza para hacerlo, que es el Código Penal clásico en la Argentina”, destacó.

Schulman consideró que esas condiciones “abren un espacio fantástico” para que la defensa de los represores “meta chicana jurídica, empantane y demore”, expresando que no existe una base “que el Legislativo podría haber diseñado hace años”.

“Aún no hay indicios de que se quiera elaborar un plan. El que organizó el terrorismo fue el Estado, por lo tanto hay que juzgar el terrorismo de Estado tal como el Estado lo organizó, por áreas militares, por subzonas militares, con comandancias muy claras, con cadenas de mandos. El Estado argentino estaba articulado a la Junta Interamericana de Defensa, que estaba bajo el comando operacional del ejército de Estados Unidos. Por eso es que no es muy difícil vislumbrar lo que hay que juzgar”, sentenció.

Asimismo, expresó que al no haber voluntad política “se juzgan casos aislados y se pierde de vista el hecho real”.

“Aquí no ocurrieron 5 mil o 30 mil asesinatos aislados, sino un genocidio, el exterminio de un grupo nacional para reorganizar radicalmente un país. Eso es lo que no se quiere juzgar, por eso se demora, permitiendo -sobre las bases de las relaciones de los represores y la parte del aparato estatal que les responde- que ocurran situaciones como la de Jorge Julio López”, explicó.

Schulman aseguró que Felipe Solá expresó a integrantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre que detrás del secuestro de López estaba la bonaerense (por la policía) “pero nos dijo que no le pidamos que meta mano ahí porque no quería desestabilizar la provincia de Buenos Aires. Yo creo que esa idea es la tienen los gobernantes nacionales”.

Una actualidad diferente

Si bien las nociones para llevar adelante políticas que procuren el castigo de los responsables del genocidio suscitado durante el gobierno de facto, no son las idóneas para Schulman, él mismo consideró que en la actualidad el país sufrió “cambios importantes, el gobierno actual manifestó una voluntad de avanzar sobre el tema que no tenía ni Menem ni De La Rúa”

Finalmente, manifestó que “el problema es que esa voluntad no está planificada ni organizada, y vacila ante la primera resistencia de la derecha. Para vencer la impunidad en Argentina no alcanza con gestos, hay que enfrentarse a fuerzas muy poderosas, y ahí es donde vemos que no hay voluntad política”.

“Nosotros nos sentimos más reconocidos que nunca, y en esas condiciones esperamos poder combatir la impunidad. Aquí no hay medias tintas, o uno va contra los represores a fondo o no va”, concluyó.

Por Silvio Pratto
Para Diario Panorama

Dos años sin Jorge Julio López

Por Silvio Pratto
Para Diario Panorama

El próximo 18 de septiembre se cumplirán dos años de la desaparición de Jorge Julio López, un testigo clave en la causa por delitos de lesa humanidad contra el represor Miguel Etchecolatz. La abogada querellante Guadalupe Godoy, informó a Diario Panorama que durante esa jornada se realizarán movilizaciones en distintos puntos del país y expresó conceptos en torno a un caso que continúa impune.

La Dra. Guadalupe Godoy fue una de las profesionales que alegó para que se dictamine que los crímenes de lesa humanidad cometidos por Etchecolatz, tuvieron lugar en el marco de un genocidio. Asimismo, la profesional respaldó a Jorge Julio López para que atestigüe en contra del represor.

A dos años de la misteriosa desaparición de quien fuera una pieza clave en el proceso judicial, la abogada arrojó conceptos sobre un hecho que conmocionó a la opinión publica, por tratarse de la desaparición de una persona en democracia, con el agravante de que la misma era un testigo insustituible en la causa por delitos de lesa humanidad que se realizaba en contra del ex Director General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Godoy manifestó que el deseo de la familia del desaparecido, así como de la querella continúa siendo “la investigación de sectores que tienen que ver con fuerzas de seguridad y militares que puedan estar involucrados en el secuestro y desaparición de López. Sin embargo nos hemos encontrado con una oposición cerrada por parte del Poder Judicial a investigar en estas líneas. Durante un año y medio la investigación la dirigió la policía bonaerense, que no siguió esos lineamientos, guiándose por llamados anónimos o cualquier hecho que pudiera desviar la atención para encontrar a los responsables del secuestro”.

La conexión Etchecolatz

Jorge Julio López ya había sido detenido ilegalmente por el gobierno de facto. Desde 1976 hasta 1979, estuvo secuestrado sin que se le realice un juicio previo, en un centro de detención clandestino de la provincia de Buenos Aires. En ese entonces Miguel Etchecolatz era Director de Investigaciones y encargado de uno de esos centros.

El testimonio de López involucraba al menos a 62 militares y policías, y permitió que Etchecolatz fuera condenado a cadena perpetua por los crímenes cometidos. Sin embargo, tras la condena del represor, el ex militante peronista desapareció en la ciudad de La Plata, el 18 de septiembre de 2006.

Para Godoy, “la relación con Miguel Etchecolatz está dada por el día y el momento de su desaparición. Nadie cree en las casualidades. Todo lo que tiene que ver con su ausencia se analiza en torno con los delitos por lesa humanidad. Como se avanza después de eso es muy difícil, pero se pudo comprobar que en Marcos Paz tenían privilegios que se mantenían aun sabiendo lo que había pasado con López”, detalló la abogada.

Durante su relató la profesional aseguró que el servicio penitenciario permitía que los reclusos tuvieran líneas telefónicas de comunicación con el exterior, que no estaban declaradas como tales frente al juzgado. Asimismo, el control que debía haber sobre los llamados era nulo. “Cuando se hicieron los allanamientos se descubrió que había dos líneas que no están registradas como propias del servicio penitenciario, además de acceso a Internet, celulares, notebooks y demás. Todo esto no sería de temer si fuesen los derechos que tiene cualquier preso común, pero como no funciona de esta manera quiere decir que quienes custodian a los allí alojados mantienen con ellos un vínculo que les permite acceder a este tipo de beneficios. Se comprobó además que las visitas no tenían ningún tipo de registro, ni siquiera los números de documentos. Lo grave que tiene esto es que viene de la mano con gente que esta detenida aguardando juicios por delitos de lesa humanidad y que a la vez figura legalmente como propietarios de empresa de seguridad privada de la provincia de seguridad privada, permitiendo que represores tengan poder sobre personas armadas no ha tenido solución hasta el día de la fecha”.

Arslanian y el papel del Gobierno

Al producirse la desaparición de Jorge Julio López, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, era León Arslanian. La relación del funcionario con quienes buscaban la resolución del caso fue siempre confusa y turbulenta, llegándose a producir declaraciones cruzadas a través de los medios de comunicación. Godoy manifestó también que algunas maniobras del ministerio de Justicia de la Nación fueron erróneas –principalmente las relacionadas con el escándalo provocado tras el allanamiento el penal de Marcos Paz.

“Escuchar las opiniones de Arslanian fueron ofensivas. Especuló sobre donde estaría López en este momento, como si fuese un observador externo y sin hacer una autocrítica sobre cual fue el rol que el cumplió en el primer año de investigación. Cuando se retiró de la función pública dijo que en pocos días iban a haber novedades buenas y que él era optimista. Esa fue su manera de deslindarse de las responsabilidades en la causa. Plantear lo que planteó ahora genera la impresión de ser clausurante, de dar la idea de que es un caso cerrado e impune. Cuando se le planteó la necesidad de que la policía de Buenos Aires no era la fuerza indicada para llevar a cabo la investigación, respondió que no se debía confrontar porque sino estaba en juego la gobernabilidad de esa fuerza. Obviamente en el análisis político de muchos, esa idea pesó mucho más y creemos que a partir de allí surge la impunidad que llevamos en estos dos años”, sentenció la profesional.

Finalmente, Godoy aseguró que las exigencias que realizan quienes buscan el esclarecimiento del caso “no tienen un final hasta bien no haya una certeza de lo que pasó con López y quienes son los responsables de su secuestro y desaparición. Las medidas que se pidieron en la causa (sobre grupos que pueden haber querido impedir la continuidad de los juicios) todavía no se han dado. Las respuestas la tendrán que dar el Poder Judicial y un Gobierno que proclama una política de Derechos Humanos pero no ha hecho efectivo ese discurso”

El próximo 18 habra movilizaciones en varios puntos del país. En la ciudad de La Plata –donde se produjo la desaparición- habrá actividades durante toda la jornada, que concluirán en una marcha que será numerosa. Otra movilización se realizará en la Capital Federal desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Otras manifestaciones tendrán lugar en Rosario y Mar del Plata, todas con el pedido de justicia como bastión inalterable.